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Prefectura del Guayas critica reforma al COOTAD por priorizar infraestructura sobre servicios sociales
Marcela Aguiñaga rechazó la aprobación del informe en la Asamblea Nacional, advirtiendo que la normativa sanciona a los gobiernos locales que invierten en protección social y salud.
La noche del 17 de febrero de 2026, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, rechazó públicamente la aprobación del informe de reformas al COOTAD por parte de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Tras el proceso en el que la comisión avanzó con seis votos hacia el Segundo Debate en el Pleno, la autoridad provincial señaló que la normativa se está desarrollando sin una participación real de las autoridades locales y que ignora las propuestas presentadas por los gobiernos territoriales.
Aguiñaga argumentó que la reforma establece criterios vinculados exclusivamente a la inversión física, descuidando obligaciones legales del COOTAD como el gasto en protección social. La prefecta señaló que un gobierno local que invierte en salud, programas de apoyo a grupos vulnerables y desarrollo comunitario termina siendo sancionado bajo esta nueva medida, priorizando indicadores contables sobre el impacto real en la población.
En su intervención, la prefecta detalló propuestas que consideraron ignoradas, como el aumento progresivo de las transferencias del Gobierno Central al 75% del presupuesto para obras clave y la racionalización del gasto priorizando seguridad y vialidad. Insistió en que los recursos de Guayas deben responder a las necesidades ciudadanas y no a indicadores que desincentivan el gasto social, reafirmando que el cuidado y la protección de la gente son obligaciones legales y no un lujo presupuestario, más contexto en Inversión tecnológica en salud del Guayas.
El informe aprobado en comisión ahora pasará al Pleno de la Asamblea Nacional para su discusión y votación en segundo debate. Para ser aprobada como ley, la reforma requiere al menos 77 votos. La posición de la Prefectura del Guayas se suma a las advertencias de otras autoridades sobre el posible impacto negativo de esta normativa en los servicios básicos y la atención ciudadana.